3. Crítica del liberalismo individualista y del republicanismo cívico
Según Chantal Mouffe, para poder construir una identidad política común entre los sujetos democráticos es necesario superar las concepciones de ciudadanía anteriores, como las postuladas por la tradición liberal y la del republicanismo cívico, aunque ello no deba suponer rechazar los elementos asimilables de sus respectivas concepciones. El análisis de estas dos tradiciones se centrará principalmente en los defensores de un liberalismo de corte kantiano, como el propuesto por John Rawls; por parte de los defensores del republicanismo cívico, se ocupará de autores como Charles Taylor, Alasdair McIn-tyre, Michael Walzer y Michael Sandel. En los debates mantenidos entre ambas corrientes, lo que está en disputa principalmente es la noción de ciudadanía que defiende cada uno de ellos, es decir, cómo se articula nuestra identidad como ciudadanos.
Según John Rawls, la ciudadanía debería expresarse en términos de igualdad de derechos individuales, en consonancia con su concepción de la justicia. Los individuos proponen sus propios fines dentro de un marco legal que les protege de la intromisión de los demás en sus propias elecciones, incluida la noción del bien que consideran adecuada a sus fines y a su modo de vida. Lo que se espera de los individuos, en tal contexto, es que acepten la existencia de un marco jurídico legal suficiente para garantizar el ejercicio de sus derechos individuales, sin que se privilegie ninguna concepción del bien, al modo de un bien común y colectivo que impusiera comportamientos a los individuos. Para que esto pueda ser aceptado universalmente, Rawls necesita postular un acuerdo sobre los principios de justicia en base a los que se regularía una asociación humana basada en estas condiciones. Considera que este acuerdo sería posible si cada cual, revestido de un “velo de ignorancia” (es decir, eliminando todo lo que pudiera alejare de la imparcialidad) adoptara una definición racional de justicia. Básicamente, piensa, esa definición de justicia se basaría en la igualdad frente al disfrute de los derechos individuales, y podría convertirse en el fundamento de la cooperación social entre individuos libres e iguales.
El planteamiento de Rawls considera al individuo como un ser moral, por lo que la racionalidad que postula no se concibe de un modo puramente utilitarista (que actúa exclusivamente en busca de su propio bien), sino que ha de estar marcada también por lo razonable; de ahí que la noción de justicia a la que llega ese ser racional contemple, de alguna manera, la cooperación con los demás. En todo caso, se afirma la prioridad absoluta del derecho sobre el bien, es decir, la preeminencia de los derechos individua-les sobre cualquier concepción de un bien común por escasamente definido que se encuentre. De este modo, difícilmente puede entenderse solucionado el problema de la conciliación de los derechos individuales de los ciudadanos y de la participación política. Chantal Mouffe, que estará de acuerdo en aceptar algún tipo de prioridad del derecho sobre el bien, considera, sin embargo, que esa prioridad no puede ser absoluta. Una sociedad democrática pluralista debe garantizar esa prioridad, pero también debe ser capaz de establecer un vínculo colectivo que provea a la sociedad de una identidad común que garantice al mismo tiempo el ejercicio de los derechos democráticos de participación.
Los defensores del republicanismo cívico, por su parte, critican las posiciones liberales acusándoles de partir de una concepción atomista del sujeto, de carácter ahistórico y asocial, un sujeto portador de derechos naturales previos a la constitución de la sociedad. Para Michael Sandel la afirmación de la prioridad del derecho sobre el bien descansa sobre una concepción del individuo como poseedor de una identidad definida con anterioridad a los valores y objetivos que elige, por lo que nunca podrá proponerse fines que sean a la vez constitutivos de su identidad. Y eso hace imposible la participación de tal individuo en una comunidad, en la medida en que la pertenencia a una comunidad es la que dota al individuo de su identidad. Por ello, la única asociación que se puede fundar en el modelo del liberalismo individualista es una asociación de cooperación en función de los intereses individuales, pero nunca una comunidad política.
Para los defensores del republicanismo cívico la ciudadanía estará asociada al reconocimiento de un bien público, que es independiente de los individuos y de sus deseos e intereses, es decir, a una idea sustancial del bien común. Para Sandel “sólo a través de nuestra participación en una comunidad que defina el bien podemos tener un sentido del derecho y una concepción de la justicia” (1). La idea de comunidad defendida por Rawls sólo puede dar lugar a una comunidad “instrumental”, constituida en vistas a la satisfacción de los intereses individuales, pero no a una verdadera comunidad política.
Según Chantal Mouffe, Sandel tiene razón al recalcar la imposibilidad de concebir la vida social como constitutiva partiendo de los principios del individualismo liberal, pero se equivoca al concluir que “tenemos que rechazar la prioridad de la justicia como principal virtud de las instituciones sociales del mismo modo que la defensa de los derechos individuales y retornar a una política basada en un orden moral común” (2). El error de Sandel deriva de la confusión entre “bien moral común” y “bien político común”. Una comunidad política sí que puede definir un “bien político común” y sin embargo permanecer indiferente frente a la definición de un “bien moral común”, dado que tal comunidad se define por el bien que persigue, un bien político. La democracia liberal, al afirmar los principios de libertad e igualdad, postula un bien político. En un régimen democrático liberal que afirme los principios políticos de libertad e igualdad “y en tanto función del bien político que lo define, es posible la prioridad de los derechos respecto de las diferentes concepciones del bien moral” (3). Pese a que la concepción de ciudadanía del republicanismo cívico, con su insistencia en la necesidad de una identidad colectiva y en la participación de los ciudadanos, resulte atractiva en las democracias actuales dominadas por el liberalismo, no está exenta de peligros. Especialmente el riesgo de retraerse a posiciones políticas premodernas, dada su dificultad para asimilar el carácter innovador de la democracia moderna: “La defensa del pluralismo, la idea de la libertad individual, la separación de la Iglesia y el Estado, el desarrollo de la sociedad civil, todo eso constituye la política democrática moderna” (4). Las democracias modernas no pueden renunciar a estas conquistas, por lo que, para Chantal Mouffe, “es imposible organizar una comunidad política democrática moderna exclusivamente en torno a la idea sustancial del bien común. La recuperación de una vigorosa idea participativa de ciudadanía no debiera tener como precio el sacrificio de la libertad individual”(5).
La idea de un bien común de orden moral que prevalezca sobre el derecho individual no es asumible por una democracia moderna que se quiera pluralista, defensora de las libertades individuales. La identificación con un bien sustantivo como fundamento de la ciudadanía, conduce a los comunitaristas a dificultades semejantes a las de los individualistas liberales, derivadas de una concepción esencialista del individuo.
